Google aduce que retirar contenidos indexados sería “censura”

19 01 2011

¿Deben retirar los buscadores información que pueda resultar perjudicial a los protagonistas de la misma? Es lo que se discute en la Audiencia Nacional a raíz de cinco casos de particulares que solicitaron a Google que retirase resultados de sus nombres asociados con hechos negativos ocurridos años atrás. Fueron publicados en su momento en boletines oficiales y -en un caso- en un diario nacional y aparecen indexados por el buscador.

Google rechaza retirar esa información considerando que sería “censura” y los particulares, apoyados por Protección de Datos consideran que tienen “derecho al olvido”.

Por boca de sus abogados, Google ha argumentado hoy que retirar contenidos indexados por el buscador atenta contra la libertad de información.  El que cada particular pueda decidir sobre qué información suya aparece en la red supondría que “internet perdería su objetividad” ya que todo el mundo borraría la información perjudicial. “El derecho al honor no es el derecho a que no hablen de uno, sino el derecho a que no se digan mentiras”, ha subrayado Aparicio.

Además, ha planteado que trasladar la responsabilidad sobre lo publicado al buscador y no al que lo publica da “patente de corso” a los editores, por lo que “proliferará la información perjudicial”, que no desaparecerá de internet por mucho que los buscadores no la indexen y ofrezcan como resultado de las búsquedas.

Para la AEPD no se trata de censurar ningún tipo de información, sino de preservar el derecho a la intimidad de las personas incluso en internet y garantizar el “derecho al olvido”, el que hechos ciertos pero perjudiciales del pasado de una persona no sean recordados permanentemente por los buscadores.

“Lo que no se puede proponer es un escenario en el que los derechos individuales no tengan vigencia ante la inmensidad de Internet”, ha argumentado uno de los abogados.

El Abogado del Estado y los de los particulares consideran que Google, debido a su importancia como buscador, “sí tiene responsabilidad”.

Durante la vista se recordó que la Agencia de Protección de datos acudió previamente a los editores responsables de la información donde pudieron comprobar que estaban “amparados para la publicación de esos datos”. Consideraron, por ello, que el siguiente paso era recurrir al buscador.

El Abogado del Estado sacó a relucir varias sentencias de EEE UU según las cuales se considera responsables a los buscadores. Igualmente rechazó que los tribunales españoles no sean competentes para dirimir en este asunto por tener Google la sede en California, ya que el gigante de Internet tiene parte de su equipo técnico en España.

Los abogados de los particulares también mencionaron la desprotección de sus clientes y aludieron concretamente a un caso de una persona que se había visto imputada en un proceso judicial del que había salido absuelto. Esta persona solicitó al Boletín Oficial del Estado (BOE) la retirada de la información a lo que accedió, pese a lo cual sigue apareciendo dicha información en internet.

Que los editores asuman la responsabilidad

Durante la vista, el letrado que representa a Google recordó que los buscadores son un “nexo con la información, que por ley no tienen ninguna responsabilidad de los contenidos en nuestro país”, por lo que aseguró que las demandas de estas personas “tienen que ir dirigidas a los editores que han publicado estos datos de las personas”. Como solución, Google considera que los editores deben utilizar las herramientas disponibles que impiden o limitan el acceso en la red a determinada información.

La compañía admite que técnicamente podría retirar los datos tal como solicitan los demandantes pero supondría “vulnerar los derechos de información”. “Pedir a los buscadores que se retire la información de forma arbitraria es algo muy peligroso porque los buscadores son una parte fundamental de la sociedad de la información y se estaría atacando a la libertad de expresión”, dijo el abogado.

Recordó, asimismo, que retirar determinados términos o nombres de personas, supondría retirar de la red no sólo la parte de información relativa a los interesados sino la de otras personas que puedan aparecen con los mismos términos de búsqueda.

Fuente: Publico

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