El Gobierno sigue bloqueando la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del nombramiento de los cuatro magistrados nombrados por el Senado para renovar el Tribunal Constitucional (TC) a pesar de haber sido elegidos hace ya más de tres semanas. No le conviene: su aparición en el BOE obligaría de inmediato a nombrar un nuevo presidente del TC en sustitución de María Emilia Casas. El Gobierno se escuda en que quiere esperar a la nominación de los cuatro jueces que, a su vez, debe proponer el Congreso, asunto que sigue bloqueado por la negativa radical del PSOE a aceptar uno de los nombres propuestos por el PP, Enrique López.
Este martes 21 de diciembre venció el plazo que populares y socialistas se habían marcado para consensuar la elección de los cuatro nuevos magistrados del TC que corresponde proponer al Congreso, lo que, junto a los cuatro que el pasado 2 de diciembre fueron ya nominados por el Senado, permitiría la renovación de la dos terceras partes de los miembros de un Constitucional cuyo mandato está desde hace tiempo vencido, incluido el de su actual presidenta. Pero el plazo expiró sin acuerdo entre las partes y ello a cuenta de la determinación socialista de vetar a López: “Si el PP sigue manteniéndolo como candidato, no habrá renovación del Constitucional”.
La consecuencia inmediata es que el Gobierno mantiene paralizada la publicación en el BOE de los nombres de los cuatro jueces propuestos por el Senado –Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos, por el PP, y Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega, por el PSOE-, y ello cuando han transcurrido ya más de tres semanas desde su elección, circunstancia que constituye una flagrante anomalía en términos de Estado de Derecho. El Gobierno se escuda en que quiere esperar a que se elijan los magistrados del Congreso, para así no tener que pasar por el trance de elegir un presidente, si bien provisional en tanto en cuanto no se produzca la renovación total, que no sería “progresista”.
Porque de eso se trata, de que no haya un presidente del TC de talante más o menos conservador, siquiera de forma provisional, en sustitución de María Emilia Casas. Pero la negativa del Gobierno a validar el nombramiento en el BOE de los cuatro citados, que siguen sin tomar posesión, les coloca en una posición de incertidumbre jurídica total, además de al propio Tribunal. Para el PSOE y la prensa de izquierdas, la situación sigue teniendo el mismo culpable de siempre: “La actitud del PP mantiene bloqueada la institución desde hace ya más de tres años, sin que se atisbe el final del proceso” (leído en El País).
El PSOE desmiente al propio Zapatero
Ni una palabra al empecinamiento del PSOE vetando el nombre de Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para el TC. Y ello a pesar de que, cuando a finales de septiembre pasado ambos partidos alcanzaron un principio de acuerdo para renovar el TC, el propio Rodríguez Zapatero aceptó el nombramiento de López por el Congreso si no había rechazo expreso del Constitucional. A lo que se ve, el PSOE se ha encargado de desmentir a su propio líder: para los campeones del “cuarto turno”, López no es aceptable para el TC “porque carece de la trayectoria jurídica imprescindible”.
Fuentes próximas a los populares aseguraron el jueves a este diario que “el PSOE pensaba que, como el PP siempre termina cediendo con el paso del tiempo, esta vez iba a ocurrir otro tanto, pero se han equivocado: Mariano Rajoy sigue manteniendo a López como uno de los candidatos del partido al Constitucional. Y la verdad que no nos explicamos esa inquina contra López, a menos que el miedo que le tienen sean insuperable. Preferirían al juez más reaccionario de España antes que a él”.
De manera que la pelota sigue en el tejado del PSOE, que no del PP. Fuentes jurídicas también consultadas por este diario aseguran que “salvo sorpresa de última hora producto de las fechas que vivimos, la renovación del TC en el Congreso de los Diputados queda aplazada hasta finales de enero”. Habrá que ver si el Gobierno sigue adelante con la anomalía democrática que supone bloquear el nombramiento en el BOE de los cuatro magistrados ya elegidos por el Senado, y ello para evitar el nombramiento de un presidente del TC no socialista.
Fuente: El confidencial
EL RINCON DE MARTINEZ 
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